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Este año han muerto a manos de sus parejas o ex parejas 14 mujeres menos que en el mismo periodo de 2008. Aún así, ha habido 49 asesinadas. Es la cifra más baja de los últimos siete años. Estadísticamente quizá no sea un dato que permita sacar conclusiones, pero 14 vidas no son poco. Y refleja los primeros resultados de la Ley Integral contra la Violencia de Género que entró en vigor en enero de 2005. Pese a todo, las medidas educativas y sociales de esa ley aún están por desarrollar y faltan recursos en los juzgados para que las que denuncian estén realmente protegidas. Catorce de las fallecidas lo habían hecho, habían pedido ayuda al Estado y éste, por distintas razones, no supo o pudo protegerlas.

La juventud de muchas víctimas es descorazonadora: cuatro tenían menos de 20 años y nueve estaban en la veintena. Diez de los agresores tenían menos de 31 años. De las 113.500 mujeres con protección en 2008, el 39% era menor de 30 y también lo eran el 29% de todas las fallecidas entre 2003 y 2008. Tampoco habían llegado a los 30 tres de cada 10 que marcaron el número de atención a la mujer maltratada (016).

De las fallecidas este año, el 28% había denunciado, pero sólo el 22% obtuvo medidas de protección. Seis mujeres las tenían vigentes cuando las mataron. En tres casos, ellas les habían perdonado, minusvaloraron el riesgo que corrían y dieron una nueva oportunidad a sus futuros verdugos. El 32% de las mujeres eran extranjeras. Más de la mitad vivían con sus asesinos, pero el 47% se estaba separando, uno de los momentos más peligrosos dentro del ciclo de la violencia.

Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio para la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, hace recuento de las mejoras judiciales del último año: los jueces que se incorporen a una plaza de violencia de género recibirán a partir de enero formación específica obligatoria; en diciembre entran en funcionamiento seis juzgados penales especializados que se irán ampliando; y están empezando a instalarse (por ahora sólo en Cataluña y País Vasco) sistemas de alarmas informáticas para que se avise a la víctima de cualquier resolución que afecte a su seguridad, como que pierde vigencia una orden de alejamiento o que el agresor sale en libertad. Pero aún queda por hacer.

Fuente -> http://www.elpais.com/articulo/soci...elpepisoc_2/Tes