La Justicia Anula Una Adjudicación De Ambulancias (Canarias)
Os dejo algo de interes...
La Justicia anula una adjudicación de ambulancias
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula, por considerarla contrario a Derecho, la orden del año 2009 de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias por la que se adjudicó, por importe de 19,2 millones de euros, a la empresa Iscan un lote del servicio de ambulancias -en concreto, para el norte de Gran Canaria. La Sala estima así el recurso presentado por Aeromédica Canaria SL, que quedó tercera en la valoración de dicho concurso. En el fallo -contra el que no cabe recurso ordinario- se acuerda no imponer las costas a ninguna de las partes.
En los fundamentos del fallo se recoge que «la entidad adjudicataria no ha acreditado la solvencia -en ninguno de sus casos- indispensable para contratar». Asimismo, se subraya cómo las bases del concurso vulneraban «abiertamente» la Ley de Contratos del Sector Público, pues no se respeta un principio tan «relevante» como «garantizar la solvencia económica, financiera, técnica y profesional de los empresarios con los que la Administración se propone contratar la gestión de un servicio público más que esencial».
En el recurso también se cuestionaba la aceptación de la oferta presentada por la compañía Tasisa. Esta quedó segunda en la puntuación de la mesa de valoración, esto es, por encima de la empresa recurrente. En el fallo no se recoge un pronunciamiento sobre la parte relativa a Tasisa.
La representación legal de la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, dependiente de la Consejería de Sanidad, fue ejercida por el abogado Javier Artiles. Como se recordará, este letrado declaró en calidad de imputado ante la juez Victoria Rosell en el llamado caso Lifeblood. Dejó de asesorar a Sanidad tras salir Mercedes Roldós (Partido Popular) de la Consejería de Sanidad y estallar precisamente el citado caso.
La Sala que ordena anular la adjudicación del servicio de ambulanciasestá presidida por César García Otero e integrada por Jaime Borrás y Francisco José Gómez Cáceres.
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¿Que pasará ahora?
NOTA: Abro este tema nuevo puesto que los que he podido encontrar relacionados estaban cerrados.
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Re: La Justicia Anula Una Adjudicación De Ambulancias (Canar
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1/11/2011
EL TSJC ANULA UN CONCURSO QUE YA OLÍA DESDE EL PRINCIPIO
Primera sentencia de ambulancias
El sector de las ambulancias canarias está que arde, y no se trata de un chiste fácil ante el atentado que publicábamos ayer en esta misma sección. Desde el concurso de 2008, que provocó varias denuncias y la apertura de dos procedimientos penales oportunamente archivados a petición de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, las empresas veteranas y las sobrevenidas están a la greña por los más que sospechosos movimientos detectados en la Administración autonómica. La sentencia de lo contencioso-administrativo que hemos publicado este lunes no es más que el principio de lo que pudiera convertirse en una sucesión bastante compleja de actuaciones judiciales, porque lo que dice esa resolución es que hay que anular el concurso, que las bases son un auténtico churro, y que por lo tanto, las adjudicaciones (empezando por la del Norte de Gran Canaria, que es la que es objeto de esa sentencia) hay que anularlas. Se podrán imaginar la que se le viene encima a la Consejería de Sanidad, y más concretamente a su empresa pública Gestión Sanitaria de Canarias, que viene siendo la madre de todas las adjudicaciones. Porque ahora hay que romper los contratos, indemnizar a quien lo reclame (si tiene derecho), devolver las ambulancias, despedir al personal... Y dejar el servicio sin nadie que lo preste a no ser que aparezca algún espabilado y convoque ya un concurso que, ¡atención! tenga en cuenta la exigencia de experiencia profesional y empresarial y la necesaria solvencia económica de los licitadores. ¿A que les suena a Lifeblood?
1/11/2011
EL TSJC RECALCA LA EXIGENCIA LEGAL DE SOLVENCIA TÉCNICA, EMPRESARIAL Y ECONÓMICA
Nulidad radical de las bases
La sentencia del TSJC que les hemos ofrecido en exclusiva va a significar una auténtica bomba para la administración autonómica canaria, que al menos en el aspecto sanitario habrá de revisar todos sus concursos. O al menos todos los concursos susceptibles de revisión. Porque la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que no admite recurso, recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 exige para los concursantes en este tipo de licitaciones lo que se llama "calificación para contratar con la Administración Sanitaria". Las bases del concurso de ambulancias no exigieron tal calificación, por lo que la Sala ha decretado su nulidad radical "al vulnerar abiertamente la Ley de Contratos del Sector Público, pues no la respeta en materia tan relevante como la de garantizar la solvencia económico-financiera, técnica y profesional de los empresarios con los que la Administración se propone contratar la gestión de un servicio público más que esencial". Y si es "esencial" el servicio público de ambulancias, ya se pueden ir imaginando lo que es el servicio de hemodiálisis, ese del concurso que ganó una empresa inmobiliaria, Lifeblood, del grupo Inprocansa, gracias a unas bases en las que se suprimieron expresamente esas mismas exigencias que la Sala echa en falta en el concurso de ambulancias. Se va a armar, ya verán.
1/11/2011
EL CONCURSO DE AMBULANCIAS FUE ADJUDICADO POR GESTIÓN SANITARIA DE CANARIAS
Nombres y apellidos de los responsables
Con la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en la mano y con lo publicado aquí y en otros medios sobre el concurso de la hemodiálisis, es muy fácil concluir que es imprescindible investigar lo ocurrido en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias durante el periodo en que la gobernó el PP, desde julio de 2007 hasta octubre de 2010. Los responsables de estos concursos tan sandungueros, todos millonarios, tienen nombres y apellidos muy concretos, empezando por la consejera, Mercedes Roldós, a su vez presidenta de Gestión Sanitaria de Canarias, gerenciada por un inspector de Policía en excedencia, Luis Molina, ahora destinado en el Cabildo desde que el PP lo gobierna. Pero en GSC también estaba el ex consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad José Miguel Ruano, el compadre político de José Manuel Soria, presidente del PP. El asesor jurídico de esa empresa pública era, hasta que Fernando Bañolas le rescindió sus contratos mercantiles, el abogado Javier Artiles, imputado en estos momentos en el caso Lifeblood, donde también se encuentra encartada la ex secretaria general del Servicio Canario de Salud, Lourdes Quesada. Casada con el fiscal jefe provincial de Las Palmas, Quesada se libró de las causas penales abiertas tras las denuncias por el concurso de ambulancias al solicitar su archivo la Fiscalía en un caso manifiesto de incompatibilidad que el fiscal jefe de Canarias acaba de bendecir urbi et orbi en la reciente apertura del año judicial.
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