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Las llamadas falsas al 112 se multarán con 150.000 euros
El Consell obligará a los usuarios de los servicios de emergencias a pagar los gastos en caso de negligencia o «maliciosidad»
24.04.10 - 01:16 - M. GORDILLO | VALENCIA
Las bromitas telefónicas pueden salir caras. Y no en sentido figurado: también literal. El Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley de emergencias de la Comunitat, que entre otras cosas contempla importantes multas para aquellos ciudadanos que no hagan un buen uso de estos servicios de protección. Por ejemplo, las llamadas falsas al 112.
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, presentó ayer la futura normativa, que cobijará bajo un mismo paraguas legislativo a todos los cuerpos de protección civil y emergencias. El objetivo del nuevo texto es doble: por un lado, mejorar la coordinación de los efectivos y las labores tanto de prevención como de gestión de imprevistos. Por el otro, incidir en la concienciación ciudadana para un buen uso de estos servicios.
Es con ese propósito (y no recaudatorio, insistió Castellano) que se fija un cuadro de infracciones leves, graves y muy graves, que acarrean multas de hasta 6.000 euros, entre 6.000 y 150.000, y hasta 600.000, respectivamente. En el primero y segundo de los supuestos se encuentran, por ejemplo, las llamadas «falsas, abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas» al teléfono de emergencias 112 de la Comunitat Valenciana. Es decir, que la guasa puede salir por 2,5 millones de las antiguas pesetas.
Entre los comportamientos muy graves, el conseller puso como ejemplo el de un deportista no federado (por lo que no tiene licencia ni dispone del material más adecuado) que, en situaciones meteorológicas adversas, sale a practicar alguna actividad al aire libre y precisa de un equipo de rescate, poniendo en peligro incluso la vida del personal de emergencias. Ése sería, como poco, un caso puro de negligencia, si no de un proceder «malicioso».
Al margen de la correspondiente multa, el causante también deberá abonar, como indemnización por daños y perjuicios, el coste que supusiera la movilización de los servicios de protección civil. Por ejemplo, en el caso de incendios forestales: de los 341 que se registraron el año pasado, el 39% fueron intencionados, y el 32% causados por negligencia.
Es decir, la ley establece «deberes» para los ciudadanos, que deberán aplicarse en el cumplimiento de las medidas de prevención y protección, tanto de personas como de bienes, y cumplir obedientemente las recomendaciones, restricciones y prohibiciones que emanen de «la autoridad competente» en situaciones de preemergencia o emergencias derivadas. No sólo los ciudadanos: todas las empresas estarán obligadas a introducir planes de autoprotección.
Nuevos organismos
Otra de las novedades de la futura ley, que ahora inicia un proceso de debate y divulgación a los colectivos implicados, es la creación de unos planes de emergencia exterior para grandes eventos. El conseller de Gobernación lo justificó en la creciente trayectoria de la Comunitat en la organización de este tipo de celebraciones masivas, sobre todo deportivas.
La normativa introduce, en el marco de ese objetivo de mejorar la coordinación, algunos nuevos órganos de prevención y de intervención en caso de emergencias: la Unidad de Brigadas de Emergencia, que ya no dependerán de los consorcios de bomberos; una oficina postemergencias, que actuará a modo de ventanilla única para simplificar los trámites a los ciudadanos, y la Mesa Social de Emergencias, órgano de participación ciudadana en el que los vecinos podrán emitir propuestas en materia de emergencias, dictaminar sobre proyectos o actuaciones, y colaborar en tareas de concienciación ciudadana para evitar accidentes.