Colaboración. Médicos, agentes y jueces trabajan conjuntamente. L. O.
Los facultativos deben remitir en 24 horas los partes a los juzgados. En los casos graves, la tramitación es urgente y existe un línea directa con la Fiscalía
R. RIVERA. MÁLAGA Los profesionales de urgencias y las autoridades judiciales han intensificado su colaboración para perseguir los presuntos casos de violencia doméstica en el hogar. Desde 2006 existe un protocolo estatal para los sanitarios, que establece las líneas de actuación ante las sospechas de que un paciente presente agresiones causadas por su pareja o miembro de la familia. En este periodo se ha reforzado el trabajo común, hasta el punto de que los médicos tienen la obligación de remitir en 24 horas los partes de lesiones al juzgado de guardia o Fiscalía de Violencia a la Mujer, para que inicien diligencias de investigación. Aún así, el Colegio de Médicos, las Fuerzas de Seguridad y jueces han consensuado un protocolo para agilizar la detección de estos delitos y concretar las funciones de cada profesional.
Según el órgano colegial, en la mesa de trabajo se acordó que en los casos graves de maltrato, la tramitación se haga en una vía especial y urgente de colaboración con la Fiscalía de Violencia o de Menores, bien por vía telefónica o correo electrónico. "En dicha reunión se abordó el papel de cada profesional, para que no haya ningún roce competencial", expone Guillermo Quesada, jefe del servicio de urgencias del Hospital Carlos Haya.
En el documento se establece también la forma de proceder de los sanitarios ante agresiones sexuales. El médico forense puede autorizar a otro facultativo el informe sobre el estado de la paciente. Después, se debe remitir con diligencia al juzgado para no interrumpir la cadena de custodia de la prueba.
Para el jefe de urgencias del Carlos Haya, la actuación en los casos de maltrato está "perfectamente delimitada y protocolizada". Es más, entre los profesionales hay una mayor conciencia y sensibilidad sobre la importancia de detectar agresiones y comunicarlas al juez. Este profesional habla de mantener la alerta no sólo en la violencia a mujeres, sino también en personas mayores.
En 2007 el Carlos Haya remitió unos 5.000 partes de lesiones a las autoridades, por agresiones por arma blanca, peleas, accidentes de tráfico o caídas.
En la mesa de trabajo participaron jueces, miembros del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, el Instituto de Medicina Legal y sanitarios de urgencias.
Problemas. Guillermo Quesada considera que en el protocolo había que resolver algunos conflictos, como la asistencia a detenidos, que tiene que "primarse para que esté el menor tiempo posible en urgencias y se cumplan al mismo tiempo sus derechos. El reconocimiento consiste en un examen sobre patologías urgentes que descarte lesiones. Andrés Buforn, médico de urgencias del Clínico, incide en que era necesario coordinar más la custodia del paciente con la asistencia sanitaria, para reducir los tiempos de espera.
También se trató la realización de las pruebas de alcoholemia en las urgencias. El médico deberá practicarla con la autorización del detenido o un permiso judicial, pero en ningún caso por imperativo de un cuerpo policial.
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Juan Luis de Castellví Guimerá
Administrador www.emergencias112.net
