La norma extrema los controles en aquellas actividades que reúnan a más de 500 personas en un espacio cerrado y a más de 1.000 en espacios abiertos o carpas al aire libre, y señala como responsables de los posibles incumplimientos a los titulares del establecimiento sancionado.
La nueva ley, aprobada con los votos a favor de los grupos del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA), actualiza la legislación existente y afecta a cualquier infraestructura en la que se desarrolle una actividad social o habiten personas.
El texto define mecanismos de prevención que pretenden evitar que los servicios de extinción de incendios se encuentren con dificultades añadidas a su labor debido a condicionantes adversos provocados por el lugar donde se origina un fuego.
Para cumplir ese objetivo, se establece un control obligatorio de las medidas de seguridad antes de la aprobación de cualquier proyecto de actividad, una verificación de las condiciones de las medidas de prevención en el momento inmediatamente anterior a la apertura de un establecimiento y un control posterior.
La ley estipula una serie de "faltas muy graves", penadas con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros y la clausura definitiva o provisional del establecimiento, entre las que se encuentra la negativa a pasar inspecciones y las actuaciones que supongan un riesgo grave para la seguridad de las personas.
Establece asimismo sanciones de 10.000 a 100.000 euros para "faltas graves", como la presencia de materiales combustibles por encima del nivel de riesgo de incendio autorizado y la falta de mantenimiento o una mala señalización de las instalaciones de protección contra incendios.
En materia de competencias, el Estatuto de Cataluña establece que las cuestiones relativas a emergencias y seguridad civil corresponden a la Generalitat, aunque reserva ciertas actuaciones a los gobiernos locales.
En ese sentido, la ley recoge que los Ayuntamientos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad y la instalación correcta de medidas contra incendios en aquellas infraestructuras a las que el Consistorio conceda licencia de obras o de actividad. EFE
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