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Sólo uno de cada 1.000 incendiarios acaba siendo juzgado
Sólo uno de cada 1.000 incendiarios acaba siendo juzgado en España
OLGA R. SANMARTÍN
MADRID.- España sigue siendo el paraíso de los aficionados a quemar el monte. Sólo uno de cada 1.000 incendiarios, el 0,1%, acaba siendo juzgado, según datos de Greenpeace.
La organización ecologista ha presentado hoy su estudio anual sobre incendios forestales, que, por primera vez, analiza las sentencias condenatorias por este delito. Entre 1996 y 2007, los tribunales españoles han dictado 257 sentencias. De ellas, 178 han sido condenatorias.
El responsable de la campaña de Bosques de la ONG, Miguel Ángel Soto, ha recordado que hay más detenidos, más juicios y más sentencias que en otras décadas por el "esfuerzo" que hacen las fiscalías especializadas en delitos medioambientales, pero ha insistido en que "todavía queda mucho por hacer".
Así, apenas el 5,49% de la superficie forestal quemada a lo largo de los últimos 10 años ha desembocado en un fallo judicial.
Y no hay que olvidar que, de los 30 mayores fuegos forestales que han tenido lugar a lo largo de esta década, sólo en dos casos se han dictado sentencias condenatorias: una contra Endesa, por el siniestro de 1998 en la localidad barcelonesa de Aguilar de Segarra, y otra contra el Ministerio de Defensa, por un incendio ocasionado en un campo de tiro leonés, también en 1998.
A pesar de que el delito de incendios está perseguido con hasta 20 años de prisión, Greenpeace no ha encontrado a nadie que haya sido condenado a esta pena. La más alta ha sido a ocho años de cárcel y 385.000 euros de multa para un incendiario reincidente que quemó el monte en Málaga en 2001.
El incendiario quema cerca de su casa
El perfil del condenado por incendio forestal es el de un varón nacido en España que suele actuar en solitario, quema cerca de su casa y, en el 20% de los casos, tiene antecedentes penales.
Las comunidades autónomas que más sentencias condenatorias acumulan son, por este orden, Galicia (donde se produce más de la mitad de los fuegos), Castilla y León, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña y Asturias.
Greenpeace ha pedido que se reformen algunos tipos penales para que se considere punible cualquier imprudencia, como tirar una colilla o encender una barbacoa, así como que se cree un registro de pirómanos con el fin de someterlos a un control en las épocas de máximo riesgo.
Re: Sólo Uno De Cada 1.000 Incendiarios Acaba Siendo Juzgado
Los causantes de incendios intencionados costearán los gastos de la extinción
Tibi (Alicante), 5 ago (EFE).- La nueva Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias, en la que trabaja la Conselleria de Gobernación, contemplará que los causantes de los incendios intencionados o por negligencia costeen los gastos de la extinción.
Así lo ha anunciado hoy el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, durante su visita a las instalaciones del punto de vigilancia de la Sierra de Maigmó, en el municipio alicantino de Tibi.
Castellano ha explicado que cada vez que se moviliza un despacho automático, compuesto por un capataz coordinador, una brigada de emergencias y un medio aéreo, el coste que asume la Generalitat asciende a cerca de 4.000 euros.
También ha señalado que la Generalitat se personará en las causas de incendios forestales provocados o por negligencia, como ya ha hecho con el de Vall d'Alcalà y Onda, y que seguirá solicitando un endurecimiento de las penas para los pirómanos en el Código Penal (CP).
"Por consiguiente, vamos a tener tolerancia cero y vamos a ser implacables con aquellos que causen incendios de manera intencionada o por negligencia", ha recalcado.
Otra novedad importante que se recoge en la Ley es la creación de la Unidad de Brigadas de Emergencias (UBE), que integrará todas las brigadas de emergencias y que supondrá un paso más en su organización y estructura, según fuentes del Gobierno valenciano.
El conseller ha recordado que del 22 al 26 del pasado mes de julio, la Comunitat Valenciana sufrió 15 incendios forestales que afectaron a un total de 1.589 hectáreas, siendo el de La Vall de l'Alcalà-Vall de La Gallinera, con 545, y el de Segorbe con 900, los de mayor relevancia. EFE
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Re: Sólo uno de cada 1.000 incendiarios acaba siendo juzgado
19 personas en Castilla y León, a juicio por provocar fuegos
El objetivo es prevenir y perseguir "con rapidez y eficacia" a los autores
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto a disposición judicial a 170 personas, 19 en Castilla y León, entre el 1 de junio y el 27 de agosto de este año por provocar incendios forestales. El Ministerio de Interior informó a través de un comunicado que esta actuación se enmarca en el conjunto de medidas puestas en marcha por este departamento para prevenir y perseguir "con rapidez y eficacia" a los autores de los incendios provocados en este periodo.
El Ministerio del Interior ha comunicado en una nota que este verano las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto a disposición judicial a 170 personas por su implicación en el origen de incendios forestales. De las 170 personas, un total de 69 fueron detenidas, mientras que 101 fueron imputadas como presuntos autores de delitos forestales o por imprudencia grave.
Por comunidades autónomas, destaca Galicia, donde 47 individuos han tenido que responder ante el juez por su conducta. Le siguen de cerca Andalucía, con 44; la Comunidad Valenciana, con 25; Castilla y León, con 19, y la Comunidad de Madrid, con 11 imputados o detenidos. Esta actuación se enmarca dentro del plan ministerial para prevenir y perseguir "con eficacia y rapidez" a los que provocan las llamas que cada año arrasan miles de hectáreas en España.
Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil continúan a día de hoy trabajando en las labores de prevención e investigación de los incendios, así como emitiendo los informes periciales oportunos. Además, la Unidad Militar de Emergencias del Ministerio de Defensa sigue actuando en todos aquellos incendios de Nivel 2 que se encuentren en el territorio de las comunidades autónomas que hayan solicitado su ayuda, por medio de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior.
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